La Justicia comenzó a meterse en un terreno hasta ahora poco explorado, más bien eludido, en las
investigaciones sobre apropiación de hijos de desaparecidos: el de las adopciones con las que se intentó dar aspecto de legalidad a la entrega de niños nacidos en cautiverio o arrancados a sus padres secuestrados durante el terrorismo de Estado.
Es una pista que inevitablemente lleva también a indagar en
la responsabilidad de los jueces que intervinieron en cada caso y que pone al descubierto cómo actuaron algunos de ellos que aún están en funciones.
El juez federal
Norberto Oyarbide analiza ocho cajas de expedientes penales y tutelares sobre chicos supuestamente abandonados entre 1976 y 1983, que tramitaron en los tres juzgados de menores porteños. La Corte Suprema bonaerense está haciendo un relevamiento de guardas y trámites de adopción durante la dictadura, y ya informó a
Abuelas de Plaza de Mayo sobre la existencia de 15 mil expedientes que servirán para cotejar información. La jueza de San Isidro
Sandra Arroyo Salgado analiza legajos de 15 adopciones que tramitó la misma jueza que intervino en las de Marcela y Felipe Noble Herrera.
“Tenemos la expectativa de poder detectar el blanqueo de apropiaciones mediante mecanismos de adopción. La posibilidad de encontrar un nieto en esa búsqueda existe y es alta. De los 104 casos resueltos, el 30 por ciento fueron chicos robados por procedimientos de guarda y adopción”, señaló
Alan Iud, abogado de Abuelas, a Página/12. A la vez advirtió que hasta ahora pocos jueces se han decidido a avanzar contra sus pares envueltos en esos trámites irregulares.
“Sólo en Santa Fe se llegó a procesar al juez Luis Vera Candiotti por supresión de identidad”, agregó.
Simón Riquelo recuperó su identidad en 2002, cuando se comprobó que era hijo de Sara Méndez, uruguaya, secuestrada el 13 de julio de 1976 en su casa de Belgrano, en Buenos Aires, por un operativo conjunto del Plan Cóndor. A ella la trasladaron al centro clandestino de detención
Automotores Orletti. A Simón, que tenía sólo veinte días, se lo llevaron. “No se preocupe, señora –le dijeron los hombres de civil, después de molerla a golpes–, al niño no le va a pasar nada, porque no es una guerra contra los niños.” Sara buscó a su hijo incansablemente, y lo encontró 26 años después. Se lo habían dado en adopción a Osvaldo Parodi, un subcomisario que habría estado vinculado con su propio secuestro, igual que el ex agente de la SIDE Eduardo Ruffo. El policía obtuvo en menos de un mes la guarda definitiva del chiquito.
¿Quién se la dio? El entonces
juez de menores Gustavo Mitchell, actual integrante de la Cámara de Casación Penal.
El año pasado, un grupo de querellantes en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, encabezadas por
María Isabel Chorobik de Mariani, fundadora de
Abuelas de Plaza de Mayo, decidió denunciar penalmente al
juez Gustavo Mitchell junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Fundación Anahí. En el pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura también se presentó Hebe de Bonafini. Analizaron qué había hecho el juez al recibir la denuncia del abandono de
Riquelo, hallado en teoría en la puerta del Sanatorio Norte –cerca de la casa de Sara– y cómo lo entregó a Parodi. No se hizo “la más mínima medida de investigación tendiente a localizar a los padres o la familia del menor secuestrado, y todo ello frente a la infinidad de hábeas corpus que en aquella época se presentaban”, decía la denuncia, que le tocó al juez Oyarbide, y que también pedía que se incautaran los expedientes penales y tutelares vinculados con supuestos abandonos de niños durante la última dictadura.
Oyarbide optó por empezar de la manera más amigable y mandó un oficio en el que pide en buenos términos la documentación a sus colegas de los juzgados de menores. Con este método recopiló unos cuarenta, que están en pleno análisis. El abogado
Alejo Ramos Padilla, que representa a Chicha Mariani, querellante, le dijo a Página/12 que en un conjunto de expedientes de abandono de niños tramitados por Mitchell pudo observar el mismo mecanismo: “Llegaba la denuncia de abandono de los bebés, en ascensores, alguna iglesia, en un hall, donde fuera. En cuestión de horas o unos días el juez disponía hasta la guarda definitiva. La guarda provisoria a veces la daba en veinticuatro horas. Tenemos visto un expediente donde dos agentes de Coordinación Federal (centro clandestino de la Policía Federal) llevan un chiquito de dos días de vida al Hospital Elizalde. Pero el juzgado no realiza ninguna medida para ver de dónde salió ese chico o qué pasó con sus padres. Ni en éste ni en ningún trámite de los que pudimos ver”, advirtió Ramos Padilla. En el caso de Riquelo, agregó, en la primera foja hay una declaración de un policía de la comisaría 33ª, Vicente Caccaviello, que figura como quien encuentra al bebé. Sin embargo, cuando declaró en la causa contra Ruffo, dijo que ignoraba los hechos y que, si lo hubiera hallado él, obviamente “lo recordaría”.
Hace dos semanas, durante el juicio sobre apropiación de menores, la titular de Abuelas,
Estela Carlotto, contó ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) una anécdota escalofriante. Cuando buscaba a su nieto en 1978 –relató– acudió a la Casa Cuna porque sabía que había allí una beba cuyos datos y fecha de nacimiento podían coincidir con los del bebé que había dado a luz su hija Laura durante su cautiverio, después del cual fue asesinada. La beba, le dijeron, sólo había estado dos días ahí, pero Estela pudo ver los papeles que decían que el juez era el
juez Gustavo Mitchell. Intentó que la atendiera, pero él le mandó un mensaje a través de un emisario:
“El doctor dice que se cuide; por lo que usted hace podría aparecer en una zanja”. Años más tarde, Carlotto supo a través de ex detenidas que su nieto era varón. Todavía lo busca. Su reciente testimonio dio lugar a que el TOF6 derivara denuncias al juzgado de Oyarbide y al Consejo.
El abogado Ramos Padilla había hecho una presentación que incluía ese mismo relato de la presidenta de Abuelas publicado en el libro
Botín de guerra, donde además decía que en la Casa Cuna a la nena la llamaban María Julieta. Ramos Padilla sostiene que es Julieta Treviño, a quien
Mitchell dio en guarda para su adopción a unos parientes suyos, también “en forma expeditiva”. Además, el abogado había cuestionado a su vez a dos funcionarios judiciales que fueron secretarios de
Mitchell durante la dictadura. Uno de ellos, José Allevato, lo sucedió más tarde al frente del juzgado. Con el menemismo fue director de Asuntos Jurídicos de la SIDE. El otro, José Martínez Sobrino, integra el TOF6 que lleva adelante el juicio por robo de hijos de desaparecidos, pero por esta denuncia quedó afuera del caso.
Desde que Carlotto volvió a poner el tema en el tapete, la causa de Oyarbide recuperó envión. Por lo pronto ella está citada para dar testimonio este miércoles, dijeron allegados a la causa. Abuelas se presentó como querellante. Pero además, el juzgado resolvió mandar oficios para chequear la nómina de todos los jueces y secretarios que estuvieron al frente de los juzgados de menores durante el terrorismo de Estado.
Mitchell, por su parte, hizo una presentación en la que dice que entre 1976 y 1983 habrá tramitado unas cuatro denuncias de bebés que eran denunciados como “NN”, abandonados, al año.
También se presentó, de manera espontánea y con un escrito,
la actual jueza federal María Servini de Cubría, que fue jueza de menores todo el período investigado. “Quiero aventar toda sospecha sobre mi actuación como magistrado en las causas en las que se involucraba a menores abandonados, tanto durante la dictadura militar, como en los gobiernos civiles constitucionales que lo precedieron y sucedieron en mi gestión de juez”, dice. “Arbitré todos los medios entonces a mi alcance para dar con los familiares de los niños encontrados y cuando pude dar con los mismos, dispuse su inmediata entrega”, agrega. Servini cuenta dos casos de bebés que aparecieron con cartelitos, uno que decía que era hijo de un miembro de Montoneros, y otro que decía su nombre, Emiliano Hueravilo. En ambos casos encontró a los abuelos con solicitadas en los diarios. Más allá de su autodefensa, Servini le avisa a Oyarbide que debería encontrar en la caja fuerte de su ex juzgado algunos expedientes que podrían dar pistas fuertes sobre apropiaciones de hijos de desaparecidos. “Ordené resguardar las actuaciones de mayor relevancia en el ámbito más seguro y reservado”, informa, con lo que deja en evidencia que los jueces sabían perfectamente de dónde podían venir esos chicos que aparecían como por arte de magia y terminaban en hospitales pediátricos.
El expediente a cargo de
Oyarbide todavía está en sus inicios. “Es una investigación necesaria”, remarcó el abogado Iud. Del mismo modo, contó que el año pasado le pidieron a la Corte bonaerense un relevamiento de expedientes de adopción en la provincia de Buenos Aires, con la intención de tener datos sistematizados y accesibles sobre posibles jóvenes apropiados para cotejar con su propia información. En una acordada, ese tribunal resolvió revisar archivos y libros de mesa de entradas y, luego, al menos 15 mil expedientes.
En Capital,
Ramos Padilla dice que muchos expedientes tutelares fueron destruidos, quemados, ya en democracia con la excusa de falta de espacio. Sin embargo, agrega Iud, había una acordada de la Corte Suprema que ordenaba preservarlos.
La semana pasada, la jueza
Arroyo Salgado, en el contexto de la causa sobre el origen de Marcela y Felipe Noble Herrera, dispuso relevar 15 expedientes de menores anotados como “NN” que tramitaron en
el juzgado de Ofelia Hejt (fallecida), la misma jueza que los entregó como hijos adoptivos a la dueña de Clarín.
Ramos Padilla sostiene que el expediente que instruye Oyarbide es “la demostración, a partir de
Mitchell, de la complicidad judicial, que aún existe, con el sistema perverso establecido para consolidar la apropiación de niños, mediante el robo de su historia, su origen, su identidad y la entrega a los apropiadores a través de un marco de supuesta legalidad judicial”.
