AUNQUE NO LE GUSTE A CLARÍN LA 26.522 ES CONSTITUCIONAL

Cuatro años debió esperar la sociedad argentina para que el Poder Judicial declarara la plena vigencia de todos y cada uno de los artículos de la ley audiovisual, promulgada en octubre de 2009 con el propósito de asegurar la diversidad y el pluralismo de la comunicación por esos medios y “fortalecer una democracia deliberativa”, sin “voces predominantes” que asordinen a otras. El fallo firmado ayer ratifica que, aunque el gobierno no siempre lo advierta, la Corte Suprema sigue siendo uno de los grandes activos de este período democrático.
 
Con ser extensa e injustificada, esta dilación es apenas una parte mínima de una deuda mayor. Hoy, 30 de octubre, se cumplen 30 años de las elecciones presidenciales que pusieron fin a la última, cruel y extensa dictadura cívico militar. Ninguno de los gobiernos que se sucedieron durante un cuarto de siglo fue capaz de modificar a favor del interés general el restrictivo decreto firmado en su ocaso por Videla, porque los poderes fácticos condicionaron la institucionalidad republicana con la inmensa capacidad de presionar y corromper que ejercen sin pudor, como si fuera un intocable derecho adquirido.

Contra esto se rebeló sin éxito Alfonsín (sobre la base de un dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia) y simuló hacerlo De la Rúa, con un proyecto de ley que llegó al Congreso y allí quedó para siempre. Sólo Menem consiguió enmendar aquel decreto, porque su proyecto no era la ampliación de derechos colectivos, sino la mayor concentración del poder mediático, que le dio impulso porque lo beneficiaba. La crisis de fin de siglo favoreció que la deliberación democrática ganara espacio sobre los intereses que resistían el cambio. Este itinerario describe bien el de la democracia argentina, que recién entonces pudo plantearse la liberación de los condicionamientos salvajes que la dejaron exánime.

Aquellos proyectos fallidos fueron retomados en la última década por la Coalición para un Radiodifusión Democrática (integrada por tres centenares de organizaciones sociales, sindicales y civiles), que los reformuló en una propuesta de 21 puntos.

El gobierno nacional los tomó como insumo para elaborar un anteproyecto que, durante varios meses de 2009, fue discutido en dos docenas de foros que se realizaron en distintos puntos del país. Con los aportes formulados en esos encuentros, el Poder Ejecutivo completó la redacción del proyecto que envió al Congreso. Fue la primera ley anotada artículo por artículo, desde el Código Civil del siglo XIX. Pero mientras aquel código fue obra de un solo hombre (Decreto/Ley de Radiodifusión 22.285), cuyo proyecto se aprobó sin debate, a libro cerrado, la ley audiovisual del siglo XXI fue una creación colectiva. Luego de los foros, cada cámara legislativa escuchó durante semanas a todos los interesados que tenían algo para decir y a raíz de esos planteos introdujo numerosos cambios en el texto que, al cabo de ese intensísimo proceso participativo, fue sancionado con amplias mayorías, imposibles de alcanzar sin el apoyo de distintos partidos políticos...
  

Horacio Verbitsky

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Cuatro años después la ley está completa
En una de las decisiones más trascendentes y esperadas de la historia judicial de los últimos 30 años, la Corte Suprema declaró constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ldsca) y defendió su esencia antimonopólica como camino para “el fortalecimiento de la libertad de expresión y del derecho a la información de todos los individuos”.

Así, no sólo le señaló al Grupo Clarín que esos derechos por los que reclamaba no se encuentran afectados, sino que cuenta con la vigencia de una norma (que reconoce como amplia y largamente debatida) que es capaz de garantizarlos plenamente. “No se ha acreditado que el régimen de licencias ponga en riesgo su sustentabilidad económica”, afirma la sentencia. A la vez, reconoce al Estado la facultad de regular el mercado de medios donde –postula– no hay derechos adquiridos sobre las licencias, lo que no quita que si una empresa prueba en el futuro que sufrió un daño patrimonial producto de su adecuación al nuevo esquema pueda reclamar un resarcimiento. Según el fallo, el plazo de desinversión de un año está cumplido, por lo que el multimedios deberá acatarlo.

Cuatro de los siete jueces de la Corte fallaron a favor de la validez constitucional de toda la ley. Ellos son el presidente, Ricardo Lorenzetti; la vice, Elena Highton de Nolasco, Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi. Este grupo puso el foco en que los límites a “la cantidad de licencias y registros” permite garantizar el objetivo de “regular el mercado de medios audiovisuales para promover la diversidad y la pluralidad de voces y evitar que se consoliden prestadores en posiciones dominantes que distorsionen el mercado”.

Otros dos jueces, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, avalaron la restricción al número de licencias, pero consideraron que una vez concedidas conllevan un derecho adquirido hasta su vencimiento. Ese fue un nudo del debate interno. Para Carlos Fayt, toda la ley es inconstitucional.

Así, la mayoría de cuatro respaldó los cuatro artículos que el Grupo Clarín cuestionaba: el 41 es el que ata la transferencia de licencias a la autorización estatal; el 45 limita las licencias de televisión y radio; el 48 establece que la explotación de una licencia no implica un derecho adquirido; el 161 fija el plazo de desinversión de un año. Argibay y Maqueda declaran la inconstitucionalidad del 48. La jueza además cuestionó la obligación de desinvertir en un año y reclamó flexibilidad. Cuando se inicie la aplicación efectiva, surgirán nuevos pleitos, sea por el plan de desinversión o por el supuesto daño patrimonial. Clarín ya anunció también la opción de recurrir a tribunales internacionales.
Un largo camino

Desde 2009, la Corte intervino cuatro veces en el caso y siempre convalidó, aunque con acotaciones, la continuidad de la medida cautelar que eximió a Clarín de desinvertir. Desde principios de año, y ya enseguida después de que la Cámara en lo Civil y Comercial declaró la inconstitucionalidad de los puntos antimonopólicos de la ley, todo parecía indicar que había cuatro votos a favor de la constitucionalidad en la Corte, aunque el de Petracchi estaba rodeado de misterio. Después se vino encima el proceso electoral. La minoría suprema más contraria a la Ldsca, con respaldo de Lorenzetti, apostó a posponer el fallo bajo la suposición de que incidiría en las elecciones. Hace quince días, Petracchi entregó su voto. Fue el primero, y se quejó al presidente: “Doctor, esto hay que sacarlo”. Los supremos discutieron y, al final, ese día pactaron que firmarían la sentencia en el acuerdo posterior a las elecciones. Se tejieron teorías de todo tipo y versiones que hablaban de una decisión salomónica. Pero el fallo es contundente y, por su cariz y contenido, podría leerse como un refuerzo a la gobernabilidad.

Lorenzetti y Highton fueron los únicos que hicieron un voto conjunto, que encabeza la sentencia, cuyos términos comparte el resto de la mayoría. Regular el régimen de licencias, dicen, es una facultad del Congreso. La libertad de expresión, remarcan, es de gran entidad. Dice el fallo mayoritario: “Los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público, motivo por el cual el interés del Estado en la regulación resulta incuestionable”. Y agrega, citando la Declaración sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, que “tienen un innegable poder en la formación cultural, política, religiosa, de todos los habitantes. Si estos medios son controlados por un reducido número de individuos, o bien por sólo uno, se está, de hecho, creando una sociedad en donde un reducido número de personas ejercen el control sobre la información y, directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas. Esta carencia de pluralidad en la información es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia...”

Para promover la libertad de expresión, dice la Corte, el Estado puede sancionar normas que “organicen y distribuyan de manera equitativa el acceso de los ciudadanos a los medios masivos”. La Ldsca, según el tribunal, establece reglas que no están dirigidas a afectar a nadie en particular, sino que pone límites para todos los titulares de licencias por igual. Evalúa que Clarín no demostró que estuviera afectada la libertad de expresión ni “en riesgo su sustentabilidad económica”. Los límites a la concentración de licencias tampoco le impiden “alcanzar una dimensión de significativa importancia en el mercado audiovisual”.

Con una vuelta de tuerca el voto de Petracchi acota que es inadmisible decir que “sólo una economía de escala como la que posee actualmente” Clarín le garantiza “la independencia suficiente como para constituir una voz crítica, que no esté condicionada a la concesión de subsidios estatales o a la pauta oficial”. Hay muchos medios pequeños o medianos, dice, que la tienen y, al revés, grandes conglomerados de medios que pueden ser condescendientes con el gobierno de turno. El voto mayoritario asegura que el espíritu de la Ley de SCA es coherente con el derecho de los consumidores a la información y con la defensa de la competencia.



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Punto por punto

La mayoría suprema justifica “las restricciones al derecho de propiedad” del Grupo Clarín, que “no ponen en riesgo su sustentabilidad y sólo se traducen en eventuales pérdidas de rentabilidad”. Lo explican así:

- Por empezar, el fallo dice que acotar el número de licencias de radio y televisión permite “la participación de un mayor número de voces” y “mayor diversidad de opiniones”. Luego precisa que “la limitación del 35 por ciento de abonados aparece justificada ya que cualquier operador podría prestar el servicio a más de un tercio del mercado” y a su vez “el límite de 24 licencias (de cable), en tanto permite alcanzar un porcentaje del mercado similar (32,7 por ciento), tampoco se muestra irrazonable.

- Está justificada la restricción a diez licencias de radio. El espectro radioeléctrico es finito y admite mayor regulación.

- Define como “coherente” impedir acumular una licencia de cable y una de televisión abierta en una misma área.

- La ley de medios no implica un caso de “expropiación ni de revocación actos administrativos”, sino un “sistema de desinversión”. Clarín alegaba que no se le podía aplicar sobre licencias otorgadas o prorrogadas, como sucedió con el decreto 577, que estableció en algunos casos el vencimiento en 2017. Según los jueces las relaciones jurídicas son modificables.

- Aunque los jueces encontraron confuso el artículo 48, dijeron que “el titular de una licencia no tiene un derecho adquirido al mantenimiento de dicha titularidad frente a normas generales de desmonopolización o defensa de la competencia, que modifiquen el régimen”. Eso no impide –aclaran– que “quien considerase afectado su derecho de propiedad pudiera reclamar daños y perjuicios”. El modo de protección posible es la indemnización.

- La Corte avala que las licencias son intransferibles, aunque prevé como excepción que el Estado puede autorizarla si pasaron cinco años desde su adjudicación y es necesario para la continuidad del servicio.

- Señala que tampoco hay razones para declarar inconstitucional el artículo 161, que estableció el plazo de un año para desinvertir, y aclara que ese vencimiento se produjo el 28 de diciembre de 2011 y, pasados casi dos años, “resulta plenamente aplicable a la actora”, o sea Clarín.
La dimensión cultural

El voto de Zaffaroni remite en sus argumentos centrales a favor de la constitucionalidad de la ley a los de Petracchi, pero agrega a todo el análisis una dimensión más, la cultural. “Ningún Estado responsable puede permitir que la configuración cultural de su pueblo quede en manos de monopolios oligopolios”, dice, después de explicar que “los medios audiovisuales tiene una incidencia decisiva en nuestros comportamientos, en los miedos, en los prejuicios, en toda la vida de relación de los humanos”, hasta “determinan los propios proyectos existenciales de la población”. “La homogenización de nuestra cultura a través de la monopolización de los medios audiovisuales sería la destrucción de nuestro pluralismo, como lo es cualquier uniformización, por definición antípoda de la igualdad republicana y democrática.”

“Por ende –avanza Zaffaroni– no se discute” en este caso “una cuestión meramente patrimonial, dado que el derecho de propiedad queda a salvo en caso de probarse daños emergentes de actos ilícitos del Estado; tampoco se agota la discusión en torno de los derechos de información ni de expresión que, por otra parte, no están lesionados por esta ley. Lo que en el fondo se discute –apelando a tesis descartadas hace más de un siglo en su país de origen– es si se deja o no la configuración de nuestra cultura librada a la concentración de medios en el mercado. Jurídicamente, permitirlo sería una omisión inconstitucional, porque lesionaría nuestro derecho a una identidad cultural”.

Irina Hauser

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El futuro y lo acumulado

De nuevo, todo indica que la brega administrativa será a cara de perro y para nada sencilla. Los funcionarios concernidos deberán mantenerse serenos y firmes. Al mismo tiempo, recobra vigencia un desafío para el Gobierno. Es dedicar mejores afanes a todo el “espacio extra Clarín” que habilitó la Ley de SCA. Faltan regulaciones, faltan medidas concretas para el sector sin fines de lucro, faltan mayores incentivos a los medios comunitarios. Fortalecido por el fallo, el Gobierno deberá ponerse al día, con medidas que pudo y debió implementar antes.

En el contexto abierto ahora, con dos años de mandato presidencial por delante, crecen la significación y el potencial de las mayorías propias en el Congreso.

“Ganó el Gobierno” braman o hasta denuncian los medios hegemónicos y los dirigentes políticos que le hacen de comparsa. La carátula del expediente y la realidad expresan que quien defendía derechos colectivos es el Estado. Perdieron los poderes fácticos, la concentración económica...

Mario Wainfeld

MENTIRA LA VERDAD

La novela de Umberto Eco titulada El cementerio de Praga le sirve de pretexto a Carlos Valle para preguntarse si la gente cree solamente lo que ya sabe y asegura que, con una estructura mediática concentrada, la mentira se ha erigido como un recurso normal y aceptable...



¿Por qué Umberto Eco ha escrito El cementerio de Praga, novela, plagada de traiciones y ambiciones de poder sin límites? ¿Está tratando de hacer un paralelismo con el tiempo presente? ¿Es de alguna manera un subterfugio para hacer críticas hondas que encuentran en la fórmula ficción-historia real un camino para obturar la resistencia de los prejuicios? Aun sin conocer la respuesta de Eco, se puede inferir que nada de lo que se narra está alejado de los días presentes.

Simonini es el audaz embaucador y falsificador de documentos carente de todo escrúpulo, que relata esta historia ilustrada con hechos de la Europa de fines del siglo XVIII. Este sórdido personaje va creciendo a medida que incrementa sus relaciones y sus urdidas traiciones. Fabula historias que destruyen famas y crea nuevos enemigos que llegan a poner en peligro la estructura social.

Los recuerdos de sus fechorías tienen muy marcadas connotaciones religiosas exaltadas en el relato. Las descripciones de sus tejes y manejes, las sórdidas conspiraciones para lograr sus fines, las extrañas ceremonias religiosas sacadas a la luz acentúan la influencia de estos grupos en la estructura y funcionamiento de buena parte de la sociedad europea. “Los hombres nunca hacen el mal de forma tan completa y entusiasta como cuando lo hacen por convencimiento religioso.”

La influencia que se atribuye a estos grupos tiene enormes dimensiones. El título de la obra se centra en lo que se cuenta como una conjura de cierto cónclave internacional de rabinos cuyas decisiones y alcances van variando según se cuente la historia, y de quién pretenda sacar rédito de la misma. Simonini reflexiona que la validez de las intenciones de dominación tiene su base en que “la gente cree sólo lo que ya sabe, y ésta era la belleza de la Forma Universal del Complot”.

La tendencia relativista que ha inundado a la consideración de toda idea o tradición ha perfeccionado la preponderancia de la ficción como instrumento para erigir dioses, destruir fundamentos, fantasear situaciones y proyectar miedos e inseguridades. “Es preciso que las revelaciones sean extraordinarias, perturbadoras, novelescas. Sólo así se vuelven creíbles y suscitan indignación.”

La creciente y cada vez más concentrada estructura mediática ha permitido que algunos de estos “cementerios de Praga” hayan prendido en el corazón de la sociedad. Como pensaba Michel Foucault, el poder moderno se esparce en la sociedad y la somete porque mayormente la consiente. Así, el tema de la seguridad en el mundo se enmarca en la lucha contra fuerzas explícitamente demonizadas, lo que acentúa la aceptación de mayores medidas de prevención que comprende el control de la sociedad.

Por eso, la mentira se ha erigido como un recurso normal y aceptable. Hay políticos que ofrecen aquello que saben no van a poder o querer otorgar. Los medios tuercen las historias, cortan y editan las imágenes y las declaraciones. No hacen falta hoy Simoninis con la habilidad de fraguar documentos. El lenguaje de los medios ha ido instaurando instrumentos de sospecha sobre hechos o antecedentes junto a determinados calificativos para denostar o fabricar héroes. Los poderes dominantes instruyen a los medios sobre acontecimientos bélicos o la situación de las finanzas y su alcance. La ficción se ha erigido en la pauta cierta e indiscutible.

La historia de los Simoninis modernos constata reiteradas y cada vez mayores felonías que han llegado a ser como una espiral que se aleja cada vez más de la realidad como una ficción sin retorno. La historia de la humanidad ha seguido su curso y la espiral también parece seguir un camino ineludible. La resignación a los poderes que subyugan es una tentación muy grande que intentará acrecentarse mientras haya un Simonini a su servicio.

Simonini, como todo truhán, acumula traición tras traición. Según la ocasión, cambia de amo a quien servir. Cuando busca la oportunidad de liberarse le fuerzan a hacer una última asistencia. Como en los códigos mafiosos, se trata siempre de algo grave, difícil de llevar a cabo y sin retorno. El complot termina fagocitándose a sus propios protagonistas.

Para enfrentar a los Simoninis de este tiempo, la sociedad democrática tiene que crecer y desarrollarse poniendo a la comunicación al servicio de comunidades libres, pacíficas y justas. Es así que puede trabajar para el pleno ejercicio de los derechos de comunicación, desarrollar su cultura, dar lugar a la voz de los acallados y desenmascarar los falsos ídolos impuestos por el poder de la ficción. Mientras permanecemos en tinieblas la irrupción de la luz suele ser, antes que nada, una herida punzante. Pero, quien quiera ver aprenderá muy pronto el saludable poder curativo y creador de su presencia.

Carlos A. Valle

Comunicador.

Ex presidente de la 

Asociación Mundial para las Comunicaciones Cristianas

(WACC).

PASAN COSAS RARAS

¿Alguien puede explicar con fundamentos cómo es posible que la Corte Suprema falle a favor de una entidad privada como la Sociedad Rural contra la cosa pública que administra el Estado?

La mayoría de los cortesanos rechazó ayer la presentación del gobierno por la simple razón de haberla entregado con 48 horas de retraso.

¿A eso se le llama extemporáneo y no es extemporáneo que en pleno siglo XXI la organización de los terratenientes se haya apropiado desde hace décadas indebidamente de una propiedad que le pertenece a los argentinos por derecho propio? ¿Y no es extemporáneo que la justicia tenga aprisionada cuatro años a la ley de medios de la democracia? ¿O sea que los ciudadanos de a pie deben esperar 8.760 horas para que se cumpla una ley y la justicia no puede tolerar ni 48 horas de espera?

Pasan cosas raras últimamente.

¿Alguien puede explicar cómo se entiende la fuga de los genocidas del Hospital Militar y la de los 13 delincuentes del penal de Ezeiza sino es con la complicidad del propio personal civil o militar que allí ejerce su tarea?

Sergio Massa debería dar cuenta de ese perverso mensaje que difundió en su campaña de que no hay que hablar más del pasado. ¿Sabe qué, Massa? En la Argentina, su país, mi país y el de 40 millones más, el pasado no se quedó en la era del hielo, sino que convive con nosotros y cincha de la cuerda a cada rato para volver atrás. ¿Cómo se explica, sino, que haya 400 pibes que siguen desaparecidos de su identidad y que Papel Prensa que sí tiene identidad siga en manos de quienes la usurparon en tiempos de la dictadura?

¿Alguien puede explicar cómo es que una encuesta privada arrojó como resultado que el 61% de la población apoya todo lo realizado por el kirchnerismo en estos años y que sin embargo los opositores digan muy sueltos de cuerpo que “hay fin de ciclo”?

¿Alguien puede explicar cómo es que Mauricio Macri prohibió a Tecnópolis en la Ciudad que gobierna y resulta que ya la visitaron 10 millones y medios de personas desde que abrió hace apenas dos años del otro lado de la Gral. Paz?

Todo es así en esta época.

“No hay dialogo”, aúllan los amotinados en Clarín. Y allí está la presidenta dialogando con empresarios, banqueros y sindicalistas reunidos en el sur de la patria para debatir sobre el presente y el futuro al pie del primer ladrillo de las represas nacionales más importantes de la Argentina. No hablaron a la vera del incendio tan temido, como alerta Magneto a través de Lanata, sino desde la realidad de un país que sigue creciendo.

Hay tanta libertad que cualquiera puede mentir impunemente por la tele y de allí ir a tomarse un baño turco hasta el próximo programa.

¿Es raro, no?

Jorge Giles

UNOS POCOS O TODO EL PUEBLO

Para superar los efectos sociales dramáticos provocados por el Crack del ’29, Franklin Delano Roosevelt lanzó el New Deal (el Nuevo Pacto), un programa de reconstrucción nacional que incluyó la creación de decenas de nuevos organismos públicos, un formidable incremento del gasto social y una inédita defensa de la intervención y regulación estatal en la economía, desconocidos hasta entonces por los estadounidenses.

El ambicioso plan, basado en la generación de redes de seguridad social, una nueva mirada sobre la propiedad privada y el fomento expreso del mercado interno para reactivar un país devastado, rompió con el consenso político previo de la sociedad, cuestionó las bases mismas de la religión laica (el individualismo) que la animaba hasta la catástrofe y condenó abiertamente al filantropismo (única idea empresaria para enfrentar la pobreza) como insuficiente para rescatar a los condenados a la miseria y la desocupación.

Roosevelt se convirtió así en el líder de la reconstrucción material y moral de los Estados Unidos. Fue presidente desde 1933 hasta 1945. Obtuvo cuatro reelecciones. Hay una frase, con la que animaba a sus compatriotas todas las noches en interminables alocuciones radiales, que se hizo famosa, "lo único que debemos temer es al temor mismo", y otra que lo pinta de cuerpo entero: "En la vida hay algo peor que el fracaso: el no haber intentado nada".

Fue amado por su pueblo y odiado por las corporaciones. Su más implacable enemigo, sin embargo, no fue la polio, que lo dejó postrado siendo joven, sino la Corte Suprema de Justicia, que atacó todas y cada una de las reformas basadas en un centenar de leyes que desafiaban el viejo orden legal vigente. Fue la pelea entre el viejo orden y el nuevo. El viejo, había llevado al país al callejón sin salida del desastre y la depresión. El nuevo, el de Roosevelt y el New Deal, puso a los Estados Unidos a liderar el mundo en apenas dos décadas, nos guste más o menos lo que luego hizo Estados Unidos con ese liderazgo.

El fallo de la Corte Suprema de ayer, que sepultó la elección popular de consejeros a la Magistratura, tiene tanto de corporativo como de cortoplacista. Es probable que tenga un efecto búmeran para sus integrantes, que son sin duda gente inteligente pero no por eso infalibles. Puestos a elegir, decidieron la peor salida. El kirchnerismo sale beneficiado porque logró que la Corte se muestre como garante de un viejo orden legal, surgido en lo peor del neoliberalismo que explotó por los aires en 2001, que no da respuestas a la sociedad en este tiempo histórico que le toca vivir, después de una crisis monumental. Los discursos republicanistas, la independencia de poderes cacareada, la idea del contrapoder del Ejecutivo como todo propósito de la judicatura, ponen a los supremos lejos, muy lejos de los problemas y los enfados de la gente común con un sistema de justicia anacrónico; y muy cerca, desgraciadamente, de los poderes fácticos que se expresan con verba redencionista a través de sus propios diarios.

Si había alguna duda, los supremos presididos por el abogado de Rafaela y eterno reelecto hasta el 2030 Ricardo Lorenzetti, ayer la disiparon por completo: los jueces no pueden democratizar la justicia, porque piensan de un modo aristocrático y se perdieron una década de cambios irreversibles en la sociedad argentina. No quieren que el voto popular recorte ninguno de sus privilegios. Pasará a la historia el fallo, pero no por lo que ellos presuponen: pasará a la historia como la respuesta de una corporación desesperada al intento de un gobierno elegido en las urnas de hacerles pagar el impuesto a las ganancias, a que publiquen sus DD JJ en Internet, a que hagan públicos sus fallos, a que admitan que la Argentina cambió y no tolera castas ni familias que se crean por encima del conjunto social.

Una pena: se esperaba de esta Corte, la que impulsó Néstor Kirchner, mucho más que esto. En breve se sabrá si la decisión tomada en tiempo récord, festejada por algunos jueces y abogados que añoran la toga, es el primer paso a un escenario de gravedad institucional con pronóstico reservado o es sólo un traspié. Estos mismos jueces son los que decidirán en horas sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, donde todo el sistema de justicia le ha dado casi 4 años al Grupo Clarín S.A. para que se burle del gobierno democrático y sus leyes con artilugios e interpretaciones que rozan lo ridículo, cuando no lo desfachatado.

¿Cómo solucionó Roosevelt su problema con la Corte? Dijo que iba a ampliar su número y ganó las elecciones en 1936. No hizo falta ninguna reforma extra. De golpe, la mayoría de cinco miembros que votaban contra el New Deal pasaron a votar a favor. Claro, eran jueces que querían interpretar el cambio de época sin espíritu corporativo. Roosevelt tuvo suerte. A Cristina le cuesta un poco más. Como casi siempre sucede con las mujeres. Pero da la impresión de que no la conocen o no terminan de conocerla. Ese es el Talón de Aquiles del fallo cortesano.

Roberto Caballero

31 A 0

Al aproximarse dos fechas clave (la del fallo definitivo sobre la ley audiovisual, la de las elecciones), tanto la oposición mediática como sus apéndices políticos entraron en un estado de sobreexcitación. Su propósito es minar, corroer, derruir a un gobierno que está capeando la peor crisis global en ochenta años con preservación del empleo, pese a la desaceleración brusca del crecimiento. La oposición mediática pasa el test de las expectativas racionales: el diario La Nación goza de una medida cautelar por la que desde hace diez años no paga impuestos que la AFIP estima en 280 millones de pesos y el Grupo Clarín arriesga su desmembramiento de aplicarse la ley audiovisual. La Cámara Civil y Comercial declaró inconstitucionales las cláusulas que interesan al Grupo: aquellas que obligan a elegir entre una licencia de televisión abierta o una por suscripción y que sólo permiten una señal de contenidos a quien opere una licencia de cable. Esto le permitiría conservar Canal 13, Cablevisión, TN y todas sus señales deportivas, artísticas y de entretenimiento. Además, su diario insignia padece una merma constante de ejemplares. Según el portal “Diario sobre Diarios”, las ventas de Clarín vienen en caída libre desde hace siete años y en 2012 fueron inferiores a las de 1960, cuando la Argentina tenía la mitad de habitantes que hoy. La Nación ha logrado mejorar el promedio semanal, gracias a su tarjeta de descuentos que se obtiene con el dominical, estrategia que ahora está implementando también Clarín, con su tarjeta 6-7-8. Perdón, 365.

La oposición política es más desconcertante, porque sus intereses no son económicos sino electorales y el camino elegido ya ha probado su ineficacia. Los gritos, los insultos, los botellazos, los manotones sobre el micrófono y la renuncia a debatir los proyectos no son prueba de fortaleza sino de impotencia. Es el camino que el radicalismo sigue desde la Convención Constituyente de 1949, que abandonó airado, privándose de discutir cuestiones de fondo, en las que su plataforma electoral no era antagónica a la del peronismo. Lo continuó en 1989 y 2001, con las renuncias de Alfonsín y De la Rúa a la presidencia, y en 2009, cuando la Cámara de Diputados votó la ley audiovisual. Si la UCR no logró destruir la República cuando gobernó, más improbable resulta que lo consiga ahora. La exasperación llegó al extremo de convocar a impedir que sesionara el Congreso (Elisa Carrió) o, en el modo más ambiguo de un buen abogado, a que el pueblo movilizado impidiera la sanción de los proyectos oficiales (Ricardo Gil Lavedra). Si en el Senado los bloques minoritarios discutieron en el recinto el contenido de las leyes, en Diputados casi todos los discursos fueron invectivas desmelenadas contra el gobierno y sus propósitos diabólicos, cuyo destinatario no eran las pocas bancas ocupadas sino las pantallas de televisión y posibles demandas de inconstitucionalidad posteriores, como también ocurrió con la ley audiovisual.

Estimulados por haber podido poner el pie en la movilización del 18 de abril, los dirigentes partidarios opuestos al gobierno convocaron a movilizarse sobre el Congreso durante el debate y montaron una carpa en la Plaza, con la explícita intención de reproducir el clima de 2008, cuando se discutieron las retenciones móviles. Con ser numerosa, la plaza del 18 mostró una disminución respecto de las convocatorias de septiembre y noviembre de 2012, que tal vez se deba a la insatisfacción que los protestones sienten también respecto de la oposición política. Patricia Bullrich se atribuyó su organización, anunció su candidatura presidencial y en un alarde de coherencia se abrazó hasta con Hugo Moyano. La cita sobre el Congreso, en cambio, fue un fiasco completo. En el mejor momento no pasó de un par de miles y terminó en el ridículo cuando una voluntaria de 19 años contó que la habían dejado sola durante toda la noche, sin alimento, abrigo ni posibilidad de ir al baño.

En cualquier caso, el saldo de aquellas tres movilizaciones, en las que los únicos lesionados fueron los periodistas agredidos a golpes por manifestantes, en un caso desde atrás, contrasta con las que sucedieron al finalizar el gobierno radical, en las que la represión ordenada desde la presidencia provocó 31 muertos en la Capital. La misma violencia descontrolada aplicó el viernes la policía brava de Maurizio Macrì contra trabajadores, enfermos psiquiátricos y periodistas en el Hospital Borda de Barracas, sin mandato judicial, como se encargó de precisar el tribunal a cargo, cuya tarea simplificó el gobierno al demoler la construcción en litigio. Para ello, Macrì desconoció una medida cautelar vigente, por lo cual fue sancionado y sumará una nueva causa judicial, y se introdujo de lleno en el reino del revés al acusar a “un grupo violento” por el estropicio que hicieron sus canas, con atuendo y actitud de desembarcar en una aldea afgana poblada de talibanes. Macrì y su vicejefe María Vidal, dijeron con una impavidez envidiable que la policía sólo se defendió. Entre los heridos estuvo Pepe Mateos, el mismo reportero que en 2002 documentó el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en Avellaneda, pero cuyas imágenes no fueron divulgadas por Clarín hasta que este diario publicó las que había registrado Sergio Kowalewski, un fotógrafo colaborador de organismos defensores de los derechos humanos. Además de herirlo en la cara lo tumbaron en el suelo, lo esposaron a la espalda y se lo llevaron a los empujones. Entre el deseo expresado por el radical Ernesto Sanz, de que la economía vaya mal para que mejoren sus chances electorales, y la demostración de Macrì sobre cómo tratar con la protesta social y la prensa, queda claro qué le esperaría al país si los republicanos que exploran fórmulas de unidad desplazaran del gobierno a los autoritarios que vienen por todo. Esa es la única cuenta en la que la oposición vence con comodidad y, si se permite la palabra, por paliza: 31 muertos a 0.

Horacio Verbitsky

LOS JUECES DE LA INJUSTICIA

Se ha dicho críticamente, en reiteradas oportunidades, que los cambios producidos en distintos ámbitos de la administración pública no tienen reflejo en el Poder Judicial de la Nación. Si bien es cierto que existen numerosos jueces que han demostrado su compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, no es menos cierto que la renovación necesaria de nombres manchados, algunos con sangre y otros de corrupción, aún no ha llegado de manera transformadora. Mucho menos se produjo cambio alguno en las estructuras y menos en las leyes. En este punto vengo sosteniendo desde hace tiempo que hace falta una profunda actualización de la legislación que acompañe y dinamice el proceso transformador que se inició en 2003.

Cuanto menos ha llegado la hora de poner fin al carácter feudal de un sector de la justicia que, sensible al poder económico hegemónico, actúa por sí, sin tener en cuenta ni el derecho ni los intereses de los ciudadanos.

La falta de transparencia y su carácter vitalicio de un grupo con poder que no rinde cuentas se ha constituido en una estructura de castas que intenta eternizarse.

Para la salud de la democracia se debe poner fin a la consecuente actitud de estos sectores que favorecen, en general, a las corporaciones económicas concentradas y, en particular, al grupo monopólico de medios de comunicación con el único fin de interrumpir el avance del proyecto nacional y popular.

El fallo de la Sala II de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial en la causa en la que se intenta impedir la plena vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales es una muestra irrefutable de la utilización de la justicia en beneficio de los interés del Grupo Clarín, que otorgó prebendas a los miembros de este mismo tribunal como ha sido, entre otras cosas, el conocido viaje a Miami de sus integrantes.

Ha costado mucho en vidas y en esfuerzo llegar a construir una Argentina con futuro y equidad. Estamos en el camino correcto y esto es lo que más preocupa a la oposición nostálgica del pasado que, desesperada por el apoyo popular, intenta por cualquier medio evitar lo que ya presupone, un nuevo triunfo electoral en octubre de este año.

La recuperación moral, ética y económica llevada primero por Néstor Kirchner y ahora por Cristina Fernández de Kirchner es solida, y sus pilares son las políticas de Derechos Humanos, no sólo de reparación histórica, sino que tienen como premisa fundamental la eliminación de la desigualdad y la construcción de una sociedad con posibilidades para todos los ciudadanos. Para esto, el acceso a la información veraz, plural e independiente de los intereses de las corporaciones es fundamental.

Para continuar avanzando y profundizando los cambios en nuestro país es indispensable una justicia realmente independiente, y para que esto suceda debe ser aprobado el proyecto de democratización de la justicia impulsado por el gobierno nacional.

Marcelo Duhalde

«LA VERDAD HA MUERTO»

El tema de la verdad es uno de los más complejos de la filosofía y a ella le pertenece, le corresponde. Dejemos de lado a los griegos porque, de lo contrario, no terminaremos más. Pero acompaño a Protágoras y a su formidable frase “El hombre es la medida de todas las cosas”.

Durante la Edad Media el problema no fue difícil. Dios poseía la verdad y se la revelaba a los hombres. O mejor dicho a los pastores. A la institución eclesiástica. Surge eso que Foucault (al que recurriremos muchas veces) llama “poder pastoral”. Los buenos siervos de Dios siempre se sienten en pecado, acuden al buen sacerdote y, en el confesionario, le dicen las opacidades de su alma. El pastor conoce todo del siervo y el buen hombre no sabe nada del pastor. Así, el confesionario es como la CIA de la Iglesia. Tiene un fichaje de todos los siervos de todos lados. La “verdad” que Dios revela la recibe la Iglesia y el que no la cumpla será castigado por la Inquisición. Descartes viene a establecer una nueva verdad. Al dudar de todo duda también de Dios. ¿Qué es lo que le permite dudar de todo? Su pensamiento. ¿Qué es aquello de lo que no puede dudar? Claro está: de su pensamiento. La verdad que viene a instaurar Descartes es la de la razón: ego cogito, ergo sum. Pero hay otra verdad que Descartes debiera probar. La externa. ¿Cómo salir del cogito? A través de Dios. La revolución no ha sido total. Si veo todo eso ahí afuera es porque debe existir; si no, Dios no me lo haría ver. O sea, la única verdad que viene a establecer Descartes es la del pensamiento, la de la subjetividad. La del hombre. Pero ese hombre es incapaz de probar la existencia del mundo exterior. Todo cambia con Kant. Kant es un filósofo fundamental. Lo que hizo todavía sirve. Dice: todo conocimiento empieza por la experiencia pero no se reduce a la experiencia. La primera parte de la frase es una concesión al pensamiento de Hume, al empirismo inglés, al que Kant respetaba mucho. O sea, todo conocimiento empieza por la experiencia, por lo fáctico, por lo empírico. Por los hechos. Hegel dirá: Lo verdadero es el todo. Tomemos cualquier instancia de la dialéctica histórica. Tiene tres momentos: afirmación, negación de la afirmación y negación de la negación. El tercer momento es la síntesis de los otros dos y los contiene en una totalidad que los contiene en tanto superación. Este tercer momento es la totalidad. Y la totalidad –en Hegel– es lo verdadero. Sobre todo al constituirse en tanto sistema. Adorno (en el siglo XX), oponiéndose a la dialéctica hegeliana, lanzará un famoso dictum: La totalidad es lo falso. Sartre, en la Crítica de la razón dialéctica, dirá que la totalidad nunca cierra: apenas totaliza ya se destotaliza. Pero siempre hay algo que nunca falta: la empiria, la materialidad. Nietzsche dice: “No hay hechos, hay interpretaciones”. Pero sí: hay hechos. Sólo que la verdad se establece por medio de la interpretación de los hechos. Sólo que, sin hechos, no hay interpretaciones. Seamos redundantes porque aquí está el centro de la cuestión: aun cuando la primacía de la interpretación de los hechos pareciera llevar a un relativismo, esa interpretación parte también de lo fáctico. De los hechos. Sin hechos, no hay interpretaciones. Foucault partiendo de Nietzsche y Heidegger establece la verdad como lucha de interpretaciones. La verdad es de este mundo, dice en Microfísica del poder. En La verdad y las formas jurídicas establece que hay una lucha por la verdad. Algo que también hace en Poder y verdad. Se lucha por la verdad porque la verdad es la que establece el poder. En suma, de todas las interpretaciones de los hechos van a triunfar aquellas que puedan acumular más poder. De aquí el interés de los monopolios en conservar lo que han logrado. Es fácil: si yo tengo doscientas o trescientas bocas comunicacionales a través de las que enuncio mi interpretación de la realidad, ésta se transforma en la verdad porque logro convencer a la mayoría. La verdad es hija del poder. Hoy más que nunca por el despliegue agobiante de los medios de comunicación. Esto no significa que no existan verdades alternativas a la del poder mediático. Pero serán muy débiles. Ya que el monopolio mediático (y, no lo olvidemos, los medios de comunicación son el partido político de la derecha) se ha ido devorando a todas las fuerzas competitivas del mercado. El mercado no es libre y es antidemocrático: se lo devoran los monopolios y los oligopolios, que concentran el poder adosando a los competidores o llevándolos a la ruina. Lo cual es fácil: cualquier monopolio puede vender un año a pérdida y fundir a las pequeñas empresas del mercado. Ahí es donde las compra o deja que entren en convocatoria de acreedores, donde acaso las compre o se fundan.

Pero todo ha cambiado. Un cambio en la ética periodística. Vimos que todas las filosofías partían de los hechos. Kant requería de la experiencia. De aquí que sea nuestro ejemplo predilecto. Todo conocimiento empieza por la experiencia. El periodismo nació para decir la verdad. Se diferencia en esto de la literatura. El buen periodismo dice la verdad, la buena literatura miente. Esta es una frase indiscutible y llena de orgullo a los escritores. El escritor escribe ficciones. (No voy a entrar aquí en las interpretaciones que afirman que interpretar la realidad es una ficción porque sería largo. El que ha llevado esta interpretación al extremo es Hayden White en La ficción de la narrativa. Pero es una posición muy discutible.) Digamos que Kant jamás diría que no parte de la experiencia. Que Nietzsche no negaría que parte de los hechos para interpretarlos. Y que esa guerra por la verdad que postula Foucault también se basa en la facticidad. En el periodismo esto es lo que ha muerto. El periodismo ya no parte de los hechos. Esta fue su tarea primordial desde su nacimiento. El periodismo informaba. Pretendía informar imparcialmente. Aquí radicaba su seriedad. Pretendía ser un tábano para mantener alertas a los hombres y advertirles que no adhirieran a la falsedad. O pretendía ser un clarín sobre los grandes problemas argentinos, para no eludirlos, para enfrentarlos, para decir, sobre ellos, la verdad. La contratapa que publicamos ayer fue provocativa. Pero, creemos, contundente. Ahora el periodismo ya no trabaja sobre materialidad alguna. Al estar en constante estado de beligerancia deja de lado lo fáctico. Ya no parte de los hechos, los inventa. Esa foto del presunto Chávez en la tapa de El País es la prueba. El País fue un diario respetable y querible, progresista. Hoy es parte del complot mediático contra los gobiernos populares de América latina que nosotros –lo sentimos mucho pero son nuestras creencias, les pedimos que las respeten y no se rebajen insultándonos– defendemos. Ese “Chávez” no se basa en ninguna “materialidad”, en ningún “hecho”. Todos los filósofos que he citado dirían que así no se consigue la verdad. Que no es el camino para llegar a ella. Porque sin base material no es posible la interpretación. Y si no hay interpretación, lo que hay es la más recalcitrante y vergonzosa mentira. Señores, ustedes están hundiendo al periodismo. Costará mucho que recuperen la fe de los lectores, o de muchos de ellos que no se dejan engañar fácilmente. Ustedes, señores, al apelar a la mentira como arma de antagonismo, están matando a la verdad. Y eso no tiene retorno. Y es, además, imperdonable.

Brevemente: vayamos a la Argentina donde todo esto malamente abunda. En la Feria del Libro, hace un par de años, el médico psiquiatra Marcos Aguinis, junto con Jorge Fontevechia, le diagnosticó, sin conocerla, sin haberla visto nunca, sin haberla tenido de paciente, “depresión bipolar” a Cristina Fernández. Además, ¡un diagnóstico no se da en público, en la Feria del Libro! Un médico, si es honesto, se guarda el diagnóstico como todo paciente lo merece. Una indecencia. Hablé esto con varios psiquiatras y psicólogos amigos. Sobre todo, con uno que había sido maestro de Aguinis y le había derivado pacientes. “¿Marquitos hizo eso? Qué raro. Era una buena persona.” Aún no hay causa penal sobre eso, pero no importa. Lo que importa, lo que alarma, es la impunidad para mentir. Porque la mentira es la muerte de la verdad. Y la verdad ha muerto. Al menos en la tapa de El País el día que publicaron esa foto obscena del falso Chávez. Y, cotidianamente, en muchos otros medios de la presuntuosamente llamada “prensa independiente”.

José Pablo Feinmann

MI RELATO, TU RELATO, EL RELATO DE ELLOS

Saqueos eran los de antes, los de ahora dicen otra cosa porque está claro que no son espontáneos y que les cuesta mucho extenderse por fuera de los grupos influenciados por los organizadores. Estos saqueos quieren construir un relato, como se dice ahora, aunque la palabra relato se usa para cualquier cosa, en especial para desacreditar. Se equipara relato con ficción. En realidad el relato es la forma en que cada quien describe la realidad y relata lo que sucede. Y esa forma es esencialmente política, ideológica, social, étnica, clasista o profesionalista, pero sobre todo, política. El relato es político y se construye a partir de los valores que prioriza quien lo construye, por eso puede haber más de uno sobre el mismo suceso.

¿Cuál es el relato que sugieren los saqueos? Hay uno que quiere subrayar la descripción de una situación de hambruna similar a la del 2001. Y hay otro que enumera la Asignación Universal por Hijo que reciben millones de personas, la incorporación de tres millones de jubilados que habían quedado fuera del sistema previsional y la creación de cinco millones de puestos de trabajo, y dice que, con esas medidas, la situación no puede equipararse a la de 2001. Los primeros saqueos en el 2001 no fueron espontáneos, como tampoco lo son éstos. Pero en el 2001 se combinaron con una situación económica explosiva y se extendieron. Los saqueos de estos días muestran más la intención de desgastar y desestabilizar que de resolver un problema de hambre, y además quedan focalizados. En el 2001 se podía ver a familias llevando bolsas de arroz y cajas de fideos. El jueves, en Bariloche, los muchachos se llevaban televisores y equipos musicales y quemaban los automóviles de los empleados del súper. En Campana hay detenidos de la barra brava de Villa Dálmine y del Sindicato de Camioneros. En Neuquén hay un detenido de ATE. El Gobierno acusa a estos sectores de la oposición de inducir a estas acciones. Y estos sectores acusan al Gobierno. Son dos relatos muy antagonizados porque están referidos a un punto límite. Pero en ningún tema, hasta en los más insospechados, hay unanimidad.

Por ejemplo, cuando la Fragata Libertad fue retenida y embargada en el puerto de Tema, en Ghana, a partir del reclamo judicial de un fondo buitre, hubo dos formas de contar el suceso. Los grandes medios y los caceroleros responsabilizaron al gobierno nacional por la situación del buque escuela. Pero desde el kirchnerismo se apuntó contra los fondos buitre.

El relato de los grandes medios y de los caceroleros no solamente estaba interesado en llamar la atención sobre la responsabilidad del Gobierno. Esa fue la actitud más consciente en la construcción de ese relato. La parte menos visible fue la que evitó responsabilizar a los fondos buitre. Tiene una lógica, porque desde este mismo sector se planteó que había que pagarles y se convocó a crear un fondo patriótico con esta finalidad. Si el que tiene la culpa es el Gobierno según este relato, los fondos buitre tienen razón. Y si tienen razón hay que pagarles, por lo menos para que suelten la fragata. Si se va más atrás en esta lógica: si estos fondos tienen razón, no la tuvo el Gobierno cuando negoció una quita del 70 por ciento de la deuda y tendría que haberla pagado completa.

En este relato, que se asienta en una reivindicación patriótica por el simbolismo del buque, está latente el respaldo a la forma en que se generó la vieja deuda y, en general, el diseño de esa lógica es similar al discurso patriótico de las dictaduras militares que lo formulaban al mismo tiempo que condenaban al país a una dependencia cada vez más estrecha de los organismos financieros internacionales.

El relato del kirchnerismo se ató más a la lógica de repudio al proceso de endeudamiento, a los fundamentos de la negociación que llevó adelante Néstor Kirchner y a su disputa con los fondos buitre, a los que ve como una consecuencia perversa de ese proceso. Por eso rechazó cualquier posibilidad de pagarles y prefirió la vía judicial ante el Tribunal del Mar, que finalmente dictaminó a favor de la Argentina, lo que obligó al gobierno de Ghana a liberar la fragata.

Al relato de los grandes medios le interesa destacar que esto les pasa a los argentinos por el gobierno que tienen. Lo cual es cierto. Pero ese breve enunciado implica todo lo demás en relación con la deuda externa, e inclusive en relación con el concepto de patriotismo. Si se gobernara con los criterios del relato cacerolero granmediático, es probable que a la fragata no le hubiera pasado nada, pero la Argentina estaría enterrada en la crisis infernal de la deuda externa, con miseria, exclusión y dependencia.

Hay una disputa también en el relato periodístico y lo mismo sucede en el plano judicial donde, de alguna manera, fallos y dictámenes se convierten en relatos donde el juez hilvana su visión de los sucesos. En este caso tienen parámetros, valores preestablecidos que tratan de limitar esa posible diversificación. Sin embargo, la larguísima batalla judicial por la ley de medios es una demostración de que puede haber relatos diferentes en la Justicia. Esa posibilidad también quedó expuesta en el controvertido fallo del tribunal de Tucumán que absolvió a todos los acusados en el caso de Marita Verón.

En el primer ejemplo, hay relatos diferentes: la Cámara Civil y Comercial y el juez Eduardo Carbone –que concedió la cautelar por tiempo indefinido a Clarín y después se jubiló–, por un lado. Y el juez Horacio Alfonso y la Corte, por el otro.

Aun dejando de lado cualquier sospecha de connivencias y otras situaciones irregulares, es evidente que el único mecanismo que puede explicar las decisiones de Carbone y de la Cámara es la idea de que la ley atenta contra la propiedad privada o contra la libertad de expresión. Pero en esa conclusión hay una carga política muy fuerte porque es imposible que eso se desprenda del texto en sí de una ley que ha sido estudiada y muy elogiada por los organismos especializados de la OEA y la ONU. Por lo tanto esos fallos contrarios a la ley surgirían necesariamente de una valoración del Gobierno. Algo así como que esta ley con otro gobierno sería correcta, pero con éste hasta el más cristiano se vuelve hereje. Por lo menos éste es el planteo de complicidad implícita que esos fallos tratan de buscar en esa parte de la sociedad que funciona con ese axioma. Es la parte de la sociedad de la que, desde el punto de vista social y cultural, también forman parte estos jueces. Hay un relato construido según esos valores que, de hecho y por el argumento que sea, termina favoreciendo a la falsa idea de mercados desregulados y con preeminencia de grupos económicos concentrados, o sea, el poder económico.

Es claro que ese relato se monta en esos implícitos porque el texto de la ley ha sido rigurosamente estudiado por organismos internacionales y porque es imposible negar que el Grupo Clarín ocupa una situación dominante en el mercado. La Corte, que la semana próxima se hará cargo del tema, ya se ha expedido contra las cautelares interminables y ha señalado que la ley no atenta contra la libertad de expresión, con lo cual apunta a un relato diferente al de Carbone y la Cámara.

Otro relato subyace en los fundamentos de la absolución de los acusados en el caso de Marita Verón. En el fallo se subestiman los testimonios de otras víctimas de trata y se los pone fuera del contexto que estaban sufriendo esas mujeres. En realidad, hay un menosprecio por esos testimonios porque no se las acepta como víctimas. Por el contrario: no hay nada menos valorado en una sociedad conservadora, que mujeres en situación de prostitución. Los jueces construyen su relato en el fallo desde esa valoración de hechos, circunstancias y protagonistas. El relato cambia si esas mujeres fueran consideradas como víctimas y por lo tanto testigos importantes del delito de trata que ellas mismas sufrieron.

Desde la oposición se critica al relato kirchnerista porque pinta que todo está bien, lo cual no es cierto. Desde el kirchnerismo se critica el relato de la oposición porque no reconoce nada de lo que se hizo en una gran cantidad de temas en los que ningún gobierno en varias décadas se había atrevido a intervenir. Lo cual también es cierto. En este punto, aunque los relatos son antagónicos, las críticas que se cruzan tienen razón. Hay coincidencia en esas críticas porque ambos están reconociendo que esos relatos no son ingenuos ni neutrales y constituyen visiones y argumentos políticos. Pero cuanto más se agudiza la disputa, esos relatos tienden a simplificarse y se esquematizan. En ese punto pierden los dos porque el relato, cualquiera de ellos, es atractivo en la medida en que explica lo que pasa y, si no lo hace, va perdiendo sustento. El relato es comunicación, cuenta algo, y para eso requiere una coherencia y un correlato con lo que sucede. Es más eficiente comunicar con simpleza, pero hay un punto en que la simplificación extrema empieza a destruir el relato.

Luis Bruschtein

FRENTE DE TORMENTA

La nena escuchaba el prónostico meteorológico en la radio, mientras miraba por la ventana cómo se inundaba la calle de casa, como un río salvaje en la ciudad de la furia neoliberal...



─ ¿Qué es un frente de tormenta, papi?



Los fallos del juez neoyorquino Thomas Griesa y el de la Cámara Civil y Comercial están cortados por la misma tijera. Una tijera que mostró el filo en el comunicado que hicieron conocer las asociaciones de magistrados como marco previo a las concesiones que se le hicieron al Grupo Clarín.

El fallo de la Cámara Civil y Comercial fue más allá de lo que esperaba la Corte y le dio a la megaempresa todo lo que exigía. Y lo mismo sucedió con Griesa que concedió a los fondos buitre todo lo que exigían. El filo de la ideología dura de esos fallos es que en ambos se ignoran los argumentos del Estado nacional. Sólo aparecen como sujetos de derecho las grandes empresas, la propiedad privada se convierte en el único principio a defender frente al interés público o el bien común que son despreciados o sólo tomados en cuenta como posible amenaza a los negocios. La concepción neoliberal de la economía y de la política toma cuerpo en la Justicia a través de estos fallos y sus consecuencias.

Una cosa lleva a la otra, porque por sobre todo aparece así la deformidad de una Justicia sometida a poderes fácticos. Una figura que ya era juzgada con ironía y desprecio en las letras criollas del siglo XIX y que nunca termina de ser superada.

La declaración de los magistrados que circuló en defensa de los jueces recusados por el Gobierno habla desde un pedestal que la Justicia argentina todavía no se ha ganado y que no lo hará en la medida en que permita actitudes falderas con los poderes fácticos.

Si hay algo de lo que podría estar orgulloso el ámbito de la Justicia argentina sería de los juicios a los viejos represores. Sin embargo, en su seno hubo más obstrucciones que respaldos a los reclamos de la sociedad durante más de 20 años para que fueran juzgadas las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Hay jueces meritorios en esa trayectoria, pero lo real es que los juicios finalmente sólo pudieron efectuarse por la decisión que se planteó desde el poder político. El texto de defensa corporativa que hicieron circular los magistrados el jueves de esta semana, poco antes de que se conociera el fallo de la Cámara Civil y Comercial, es muy similar a los ataques de la corporación judicial contra Néstor Kirchner cuando el ex presidente expresaba su indignación por la demora de los juicios.

Cada vez que Kirchner se pronunciaba en ese sentido, había jueces y abogados que le saltaban a la yugular. Decían que era una intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. “Avasallar”, “ignorar”, “pisotear”, todo eso decían que hacía Kirchner cuando criticaba a la Justicia por esas demoras. La Cámara de Casación llegó a frenar más de 190 causas, algunas de ellas por tres años. Cínicamente, el ex titular de ese tribunal, Alfredo Bisordi, y el ex fiscal Romero Victorica responsabilizaron a los familiares de los desaparecidos por esos retrasos, lo que motivó una reacción furibunda de los organismos de derechos humanos y más críticas públicas del entonces presidente. Al final, Bisordi fue obligado a renunciar para no llegar al juicio político que se le empezaba a plantear en la Magistratura. Al poco tiempo renunció Romero Victorica. Bisordi se dedicó entonces a defender a represores como Luis Patti ya sin ocultar su absoluta parcialidad ideológica, que demostró que las presiones de Kirchner estaban justificadas y sirvieron para depurar el Poder Judicial.

Cuando renunció, nadie salió en defensa de Bisordi porque el ciclo de las dictaduras ya estaba lejano y anacrónico. Pero lo defendieron durante la disputa. Y, en todo caso, no fue desde el seno de la Justicia que se impulsó su alejamiento.

Así un tribunal, subordinado a un poder fáctico como fue durante décadas la corporación militar, obstaculizó durante años los juicios a los represores y cuando se lo cuestionaba surgía a coro la defensa de la corporación judicial. Igual que sucede ahora en relación con una causa que involucra a otro poder fáctico, como es el poder económico, en este caso el Grupo Clarín.

Cuando los jueces defienden a algunos de sus colegas que han sido recusados por participar en actividades de lobby de esa gran empresa, tienen que asumir también su propia responsabilidad por la imagen de la institución que integran. La acusación fue muy concreta. Y además se producía después de que habían salido a la luz las maniobras del juez Ricardo Recondo que, como miembro de la Magistratura, frenaba el proceso natural para la designación de jueces, y aprovechaba entonces, como integrante de la Cámara Civil y Comercial, para elegirlos a dedo. A favor de Clarín o en contra de la ley de medios, las acciones de Recondo pusieron bajo la lupa a todos los jueces que tenían que actuar en relación con esa causa. Y de allí surgieron las recusaciones.

Certal es una institución creada para realizar actividades de lobby a favor de las empresas de medios de comunicación. La hija del juez Recondo está a cargo de la parte argentina, donde tienen preeminencia los directores que provienen del multimedia local. En su declaración de principios, Certal dice que se dedica a esclarecer sobre la libertad de expresión en el continente. Obviamente nunca reconocerá que se trata del lobby empresario del sector, algo que es difícil de ocultar por su composición, por su financiamiento y por el tipo de actividades que realiza. La empresa puede organizar todo el lobby que se le ocurra. Pero los jueces tienen que cuidar su investidura y no mezclarse en estas actividades que involucran a una de las partes en litigio.

En función de esa estrategia, el Grupo Clarín, a través de sus múltiples negocios, también trabaja con gran cantidad de abogados de los principales estudios porteños. Esto genera vínculos familiares con funcionarios judiciales, lo cual también enturbia sus desempeños en causas ligadas con las empresas del grupo. El Estado usó este argumento para recusar a la jueza Graciela Medina. Finalmente la Cámara integrada por los jueces recusados pareció confirmar la veracidad de todas las recusaciones al emitir un fallo tan desequilibrado a favor de la megaempresa, una decisión tan desprolija que debería provocar la intervención de la Corte.

El fallo de la Cámara sirvió para demostrar, en todo caso, que el Estado no tiene influencia sobre la Justicia y que no puede decirse lo mismo del Grupo Clarín. O sea que la independencia de los jueces tiene más que ver con los poderes fácticos que con el Estado.

El Gobierno tiene un frente de tormenta muy fuerte con grandes corporaciones. Por un lado, está este litigio con el Grupo Clarín por la aplicación de la ley de medios que ya lleva tres años frenada por chicanas y cautelares. Por el otro lado, todavía está pendiente el fallo de la Cámara de Nueva York por los fondos buitre. Y de la misma manera aguarda otro fallo del Tribunal del Mar por el embargo de la Fragata Libertad.

Este escenario se completa con una fuerte puja con las grandes potencias por el proteccionismo aduanero. El Gobierno denunció ante la Organización Mundial de Comercio a los Estados Unidos y a la Unión Europea por impedir el ingreso de productos argentinos. En la contraofensiva, Estados Unidos y la Unión Europea se pusieron de acuerdo para presentar a su vez una denuncia contra Argentina por prácticas proteccionistas. Son los efectos de la crisis. Si el Gobierno afloja en alguno de los dos sentidos, el desempleo aumentaría vertiginosamente. Son situaciones ríspidas provocadas por la crisis en las economías centrales que buscan de cualquier manera exportar esa crisis a la periferia. Brasil afrontó el asedio con medidas similares a las de Argentina.

En el plano interno, las grandes corporaciones que actúan contra el Gobierno junto con la presión de las grandes potencias encontraron aliados de hecho aparentemente insólitos en los sindicalistas Pablo Micheli, del ala opositora de la CTA, la CGT de Hugo Moyano y la CGT de Luis Barrionuevo, que anunciaron una movilización contra el Gobierno para el 19 de diciembre, una fecha que rememora la rebelión de 2001, en la que no participó ninguna de esas fuerzas. En este juego de equívocos, se supone que es un sector gremial que se expresa en forma combativa, pero en su afán opositor termina por alinearse de hecho junto a fuerzas que siempre han sostenido gobiernos contrarios a los trabajadores. Con un discurso contra las corporaciones, movilizan para desgastar a un gobierno que está en medio de una fuerte confrontación con ellas. Desde el Gobierno repiten el dicho: “Hablar es gratis, lo que vale es lo que se hace”. En este sentido, las luces de alarma están prendidas en el oficialismo y no por esta movilización, sino por la posibilidad de un esquema desestabilizador más amplio.

Algunos dirigentes del kirchnerismo prevén un verano agitado en el que se definirán las pujas con el Grupo Clarín y con los fondos buitre mientras la crisis mantiene una fuerte presión sobre la economía y temen que ese cuadro pueda ser aprovechado para generar situaciones de desestabilización.

Luis Bruschtein

7D: LA LEY ES PARA TODOS

El clima en la conferencia de prensa en la que el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, explicó cómo será el proceso de adecuación de los medios audiovisuales después del 7 de diciembre, fue tranquilo y cordial. Pero se vio apenas interrumpido por dos preguntas de enviados del Grupo Clarín, que hicieron una curiosa interpretación tanto de la ley como de los dichos del funcionario.


AFSCA – Estado de situación de los grupos de medios


Alejandro Alfie, periodista del diario Clarín, sostuvo que el 7 de diciembre no vence ningún plazo legal para desinvertir en los medios que exceden lo permitido por la ley y que lo dicho por Sabbatella “era mentira”. Ante eso, el funcionario le contestó que eso era lo planteado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que no estaba faltando a la verdad.

Unos minutos más tarde, el cronista de Todo Noticias (TN), lanzó: “¿Por qué usted cree que ir a la justicia no encuadra dentro del sistema democrático?”. Cuando se le preguntó por qué afirmó eso, el enviado de Clarín reconoció que no estaba dicho con esas palabras en el spot por la ley de medios.

“En ningún momento dije que ir a la justicia no encuadra con el sistema democrático", arrancó Sabbatella. Y continuó: “No lo dije con esas palabras. Sabemos, y es una obviedad, que cualquier ciudadano puede ir a la justicia cuando considera que hay una situación que lo afecta. El estado argentino y el Afsca han sido respetuosos de todos los fallos judiciales y lo seguirá siendo. Una resolución de la Corte dice que el 7D es la fecha limite y dice que como no hay riesgo para la libertad de expresión en el cumplimiento de la ley, se pone una fecha limite a la cautelar porque si no lo tiene funciona resolviendo la cuestión de fondo de quien presento la cautelar”.

“Se construye un relato porque no se quiere decir la verdad, que es: se quiere defender la posición dominante que existe. Se busca un relato para buscar una causa noble. Hay un solo grupo (Clarín) que dice ´No vamos a presentar nada ni antes del 7d. Por lo cual no están cumpliendo, no estamos inventándolo”, concluyó Sabbatella.




EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA...

Ley de Medios 161 Corte Suprema




LA CONFERENCIA DE PRENSA DE SABBATELLA...

LOS PACÍFICOS CACEROLEROS

El 8N fracasó. Fueron muchos, sí; pero naufragó en lo esencial: su objetivo. El 8N no será el punto de inflexión política y social que imaginaron sus organizadores. Convocada por dirigentes políticos, sindicales y sectoriales que no simpatizan con el Gobierno, una multitud llevó su reclamo-reproche-bronca-prejuicio-odio al Obelisco. Ocurrió, entonces, lo que suele ocurrir en un país normal: miles de personas expresaron su desagrado por las políticas del Gobierno en democracia y libertad. Ni más ni menos.

En un país que en el pasado se desangró en antinomias fratricidas, el dato debe ser celebrado como otro paso de madurez democrática. Resulta natural que las políticas de una gestión que se propuso extirpar tumores sociales y económicos del país choque con la resistencia de quienes ven amenazados sus privilegios. Esos sectores, sin embargo, suelen preferir las conspiraciones de salón a la rudeza de la calle. Para cubrir ese flanco se nutrieron, en esta oportunidad, de mentes rancias, retrógrados irrecuperables y el enojo circunstancial de vecinos que, sin tener ánimo destituyente, se vieron arrastrados hasta allí por una eficaz campaña político-mediática que supo explotar emociones como la sensación de inseguridad o la vulnerabilidad de los jubilados. Se sabe: los reclamos egoístas de las minorías más poderosas suelen camuflarse en proclamas políticamente correctas.

La estrategia empleada por los promotores de la manifestación fue similar a la que se utilizó durante la crisis campera del 2008. En esa oportunidad, terratenientes y productores millonarios estimularon a peones y pequeños productores que pusieron el cuerpo para resistir una modificación del sistema de retenciones. En complicidad con el sistema tradicional de medios –que pretendía asentar una advertencia a la Presidenta que acababa de asumir–, los sectores concentrados del campo pretendían ampliar su tajada en el negocio explotando la tradicional susceptibilidad de un sector proclive a la queja.

Con el combustible regado en las rutas, otros políticos y empresarios rapaces se sumaron a la estrategia de ahogar con el humo de los pastizales al gobierno neonato de CFK. Fue cuestión de soplar para que el humo llegara a Buenos Aires, caja de resonancia política de la Nación. El resto es historia conocida: parte de la clase política compró la idea de aleccionar al Gobierno de antemano, el vicepresidente Julio Cobos obtuvo cinco minutos de fama con su traición, el Gobierno perdió la elección de medio término y, dos años más tarde, Cristina fue reelecta con el mayor caudal de votos cosechado por un candidato desde la recuperación de la democracia. Muchos de esos votos, claro, provinieron de los pueblos del interior chacarero donde cuatro años antes se había demonizado a los K.

La parábola de la crisis chacarera demuestra que, en tiempos de supremacía mediática, los políticos-empresarios-ciudadanos más incautos creen que eso que ven en la tele es la realidad. Pero como ocurrió con las nutridas marchas chacareras, el 8N exhibió apenas un recorte de la sociedad. Amplificado, como entonces, por el Grupo Clarín, que realizó una extensa cobertura que pretendió vestir de épica la exhibición de los sentimientos tumultuosos, dispersos y hasta contradictorios del sector que se manifestó. Porque además de oponerse a las políticas presidenciales, ¿qué otra cosa querían manifestar los miles que el jueves a la noche se movilizaron al Obelisco? ¿“Dólar libre”, como pedían las señoras bien que desfilaban modelos adquiridos en Miami? ¿“No ser Venezuela”, como exhibían dos rubias exuberantes en su cartel? ¿Que “se vaya la yegua”, como ladraban asistentes de elegante sport? ¿Eliminar la Asignación Universal por Hijo que propicia la fornicación especulativa, según el prejuicio ignorante de clasemedieros tinellizados? ¿O abolir la Ley de Medios de la democracia, como sugerían carteles idénticos prolijamente esparcidos entre la muchedumbre?

La heterogénea integración de la convocatoria parió su fracaso: muchas de las consignas se contradecían, cuando no se anulaban, entre sí. Personas bien intencionadas con reclamos atendibles se mezclaron con golpistas, procesistas, ultramontanos, antisemitas, misóginos, conservadores y reaccionarios. Sólo una cosa unió a los que marcharon: ser anti K. Sólo eso, y una profusa campaña orquestada por el Grupo Clarín, que buscó transformar esa amalgama de planteos individuales en una coraza de sus negocios.

La manifestación, en términos retóricos y prácticos, estaba condenada desde el vamos, cuando se la convocó para que fuera lo que fue: un golpe de efecto, un espejismo que disimuló entre la muchedumbre cacerolera la penosa decadencia de sectores opositores convertidos en lobbistas del Grupo. Fue el oligopolio mediático, al fin y al cabo, quién llamó a manifestarse a través de sus medios y periodistas más relevantes, quien aportó las consignas –“seguridad, inflación, no a la re-re”–, quien ordenó que no hubiese banderas partidarias –en otro gesto de desprecio a la dirigencia política que codicia sus favores–, quien arengó a “perder el miedo” –impostando un incomprobado dispositivo persecutorio oficial– para nutrir los puntos de encuentro previstos a lo largo y ancho del país. Es Clarín, en definitiva, quien pretende –como sugirió su CEO, Héctor Magnetto– que “la gente reaccione” contra el Gobierno para proteger sus intereses corporativos.

El mandamás del Grupo se ilusionó con que una manifestación nutrida y bullanguera torcería un destino que ya fue escrito con fuerza de ley. Pero se equivocó. Por lo que se vio –y escuchó– en la marcha, nadie capitalizará –electoral, política y comercialmente– esa tumultuosa muestra de descontento. Ni la dirigencia opositora, que jugó a las escondidas durante la convocatoria, ni el oligopolio mediático que lo alumbró. El Gobierno, obligado a ratificar su liderazgo para atenuar la provocación, mantendrá el rumbo hacia el 7D (7 de diciembre), fecha en que caduca el plazo para que Clarín se adecue a la Ley de Servicios Audiovisuales. Pero el kirchnerismo cometería un error táctico si menosprecia el dato político que brotó de esa marea humana: Clarín –y sus socios menores, como La Nación– todavía poseen la capacidad de enrarecer el clima social.

No es la primera vez en la historia que el Grupo utiliza su poder de fuego para alentar –o desalentar, según sus acuerdos de turno– acciones políticas dirigidas a presionar a gobiernos democráticos. Lo advirtió Raúl Alfonsín en un histórico discurso en la Sociedad Rural, lo vivenció Carlos Menem cuando el Grupo decidió difundir los casos de corrupción que por años ocultó bajo la alfombra por un conveniente pacto de no agresión. También lo padeció Fernando de la Rúa, la Alianza, y la dirigencia política en general cuando el Grupo llamó al “voto bronca”, una operación que deslegitimó los resultados electorales de medio término de 2001 y que sirvió de antesala a la crisis que terminaría con De la Rúa huyendo del sillón presidencial. Néstor y Cristina Kirchner también supieron de lo que el Grupo puede ser capaz: la revuelta chacarera de 2008 no ocultó, como lo manifestó el ruralista Hugo Biolcati, sus intenciones destituyentes.

La influencia tóxica del multimedios llevó a que todos los gobiernos democráticos le cedieran más poder, ilusionados en que eso saciaría su sed de negocios. Se equivocaron una y otra vez. Alfonsín le cedió Radio Mitre, pero cayó en desgracia cuando se negó a transferirle el Canal 13. Menem, que le dio más radios, canales y hasta celdas satelitales, aceleró su decadencia política cuando le retaceó el acceso al mercado telefónico. Algo similar ocurrió con Kirchner, quien un día antes de concluir su mandato firmó la fusión de Cablevisión y Multicanal. Pero el Grupo quería más. Pretendía que el Gobierno le cediera una parte –o todo– el tendido de Telecom, lo que le hubiese permitido convertirse en el mayor proveedor de contenidos y distribuidor de telecomunicaciones del país. La reticencia K a propiciar semejante monstruo derivó en la rebelión destituyente de 2008.

La notoria capacidad de daño del Grupo Clarín tiene como contracara su baja eficacia a la hora de construir una opción electoral. Lo más cerca que estuvo fue en 2003, cuando promovió la candidatura de Ricardo López Murphy, un economista estrella del establishment que quedó a pocos puntos de disputar un ballottage. Consciente de sus limitaciones para inventar un líder convocante, Magnetto elucubró la marcha del 8N como una “gesta cívica y republicana” que le sirviera como muestra casi exclusiva de su poder. Por eso, desde las redes sociales –transmisores de la convocatoria– se difundió a repetición el pedido de asistir sin banderías partidarias. Incluso varias figuras políticas se plegaron a esa táctica, llamando a sus colegas a no asistir para “no contaminar” la marcha. Eso no implicó, claro, que fueran prescindentes de la convocatoria. Colgados de la estrategia del empresario, un enjambre de dirigentes opositores –desde el Pro hasta el FAP, pasando por la UCR y el PJ disidente– alentaron la manifestación con la esperanza de recoger voluntades en ese río revuelto, esperanzados con repetir la historia de 2008 con una aceptable performance en la próxima contienda electoral. Por lo visto y oído en la marcha, donde se multiplicaron las consignas antipolítica, ese sueño está lejos de fraguar.

Al margen de las pretensiones de los organizadores, el acto sirvió, en principio, para conocer mejor a los que se oponen al proyecto K. Para el Gobierno, es un dato valioso saber que entre la multitud se mezclaron seguidores de la defensora de genocidas Cecilia Pando, o que el filonazi Alejandro Biondini paseó su odio a metros del rabino Pro Sergio Bergman. En ese sentido, fue interesante la experiencia realizada por el programa 6, 7, 8 de la televisión pública, que les puso micrófono en vivo a los manifestantes. El reguero de lugares comunes, consignas huecas y prejuicios expuesto por muchos de los entrevistados explicó por qué TN, canal oficial de la marcha, sólo pusiera al aire reclamos previamente editados. La consigna obvia: evitar que la sinceridad brutal de los asistentes arruinara una puesta en escena tan cuidada.

El Gobierno obtuvo parte de su fortaleza política a partir de los contrastes. No hubiese sido posible avanzar en la ampliación de derechos sin enfrentar la ira de instituciones confesionales. Tampoco se habría revertido la impunidad del genocidio sin la decisión de afrontar la reacción de los cómplices civiles de la dictadura. Era natural que, con el tiempo, algunos de esos sectores se encontraran en un espacio común: la fobia a los K. La marcha del 8N demostró, pese a los temerarios presagios difundidos por sus promotores, que la democracia argentina se consolidó al punto de tolerar incluso las manifestaciones de los ciudadanos más intolerantes. Pero también se robusteció lo suficiente para establecer que serán las urnas, y no los espejismos mediáticos, las que definirán nuestro destino.

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“Verdaderos dirigentes”

Los verdaderos dirigentes se conocen en los peores momentos.” Horas antes de la masiva movilización del jueves, la presidenta Cristina Fernández parecía contestar con antelación a quienes cuestionan las políticas oficialistas.

La mandataria participó en Ezeiza de la inauguración del Centro Cultural Amigo Néstor. En ese marco, sin referirse a la marcha, agregó: “En épocas de bonanza es fácil dirigir un país, pero hay que dirigirlo cuando todo se venía abajo, como en el 2003, en el 2008 o en el 2009”, en obvia alusión a la situación post 2001, el conflicto con las patronales rurales y los coletazos de la crisis internacional.

Cristina Fernández añadió que el ex presidente, su marido, le transmitió “no aflojar jamás, ni en los peores momentos, que son cuando se conocen los verdaderos dirigentes”, y consignó que si él hubiese elegido una forma de morir, seguramente hubiese elegido la que finalmente fue, “luchando”, que es como “todos lo recuerdan, con la cabeza erguida y haciéndose cargo”.

“Hoy más que nunca el gran homenaje para él es seguir tirando para adelante, por más vivienda, más educación, más industria, más democracia”, señaló la primera mandataria.

En su discurso, la Presidenta destacó el crecimiento de Ezeiza y la cantidad de obras que se hicieron en la ciudad desde el 2003 a la actualidad. “Hemos llegado con trabajo, viviendas, rutas, autovías, rutas aéreas”, dijo y remarcó en particular el crecimiento del Parque Industrial Canning, que cuenta con 37 empresas, de las cuales 12 son de capitales nacionales. Entre ellas, destacó una firma que producirá eco-doplers y que en diciembre presentará el primer prototipo de origen nacional que se fabrica en América latina.

La Presidenta eligió mostrar aspectos de su gestión como respuesta a la movida opositora que llevó miles de personas ayer a varias ciudades del país.

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La marcha de la bronca

Por Tali Goldman y Franco Mizrahi

Eran las 19.30 del jueves 8 de noviembre. La temperatura superaba la barrera de los 30º y un vaho envolvía el microcentro porteño, el epicentro de la marcha de protesta que aglutinó a importantes sectores de la clase media de la ciudad de Buenos Aires. Para paliar el calor, entre abanicos, varios de los manifestantes que decidieron salir a la calle disfrutaban cuartos de helado en vasos de telgopor y esperaban que el reloj marcase la hora señalada: las ocho de la noche.
Familias, parejas jóvenes y adultas, jubilados, estudiantes y hasta piqueteros del MJD desbordaron las calles céntricas. “El 8N todos al Obelisco” rezaban los carteles pegados en la plaza de Retiro. Y los “fieles” se congregaron cual peregrinos.

Una postal grafica lo ecléctico de la protesta: en plena avenida 9 de Julio, el rabino y legislador Pro Sergio Bergman se manifestaba a pocos metros de distancia del reconocido nazi Alejandro Biondini, quien cantaba –paradójicamente– junto a la multitud: “Se va a acabar, se va acabar, la dictadura de los K”. Incluso, uno de sus acompañantes –con su cara tapada con un “cuello polar”– hacía el saludo que eternizó a Adolf Hitler. A todo esto, Bergman estaba frente a un cartel que decía: “Shalom, justice, libertad” y los manifestantes, sin reconocer a Biondini, le hacían gestos cómplices y lo aplaudían. Como lo siguieron haciendo durante las tres horas que se extendió el evento.

A las 20.30, la multitud que se había congregado en el Obelisco marchó por Diagonal Norte hacia Plaza de Mayo, donde convergieron con una extensa columna de gente que sostenía una bandera argentina de cientos de metros. Cantaban el Himno, y coreaban “Si este no es el pueblo, el pueblo dónde está” además del clásico antiK: “Y ya lo ve, y ya lo ve, es para Cristina que lo mira por TV”. Quienes marcharon exhibieron su descontento con el cepo al dólar, con la inflación y con la inseguridad, como lo mostraban los carteles que sostenían. Así lo reflejó uno de los testimonios que recogieron estos cronistas: “No se respeta la seguridad jurídica –dijo una señora de aproximadamente 60 años–, ni los derechos adquiridos, ni la propiedad privada. Hay confiscación de nuestros impuestos y no podemos comprar dólares”, se quejó. Su compañera de protesta acotó: “No sólo nosotras no podemos. Esto afecta también a nuestros hermanos latinoamericanos, que trabajan como personal de servicio y no pueden girar dinero a Paraguay ni a Perú”.

Eduardo Amadeo, diputado del peronismo federal, y Marcelo Meis, lopezmurphista y ex legislador del Pro, fueron dos de los políticos que se animaron a marchar. Mientras que por el Pro estuvieron el ministro de Desarrollo Urbano porteño, Daniel Chain; el presidente del partido, Humberto Schiavoni; el referente de esa fuerza en Lanús y ministro de Hacienda de Macri, Néstor Grindetti, y el diputado porteño Martín Ocampo. No es para menos, el líder del partido, Mauricio Macri, había convocado a la marcha y hasta financió gran parte de las banderitas argentinas que repartían por doquier. También fue parte de la manifestación el piquetero del MJD Raúl Castells.

“Clarín no miente”, “Basta de Korrupción” y “No a la re-reelección” eran las consignas más repetidas. “Cristina, largá el micrófono y ponete los audífonos”; “Oyarbide, con la suerte que tenés para los sorteos, jugá al Quini!!”; “Clarín informa, el gobierno miente”, fueron otros de los tantos carteles divisados entre la multitud. No hubo críticas contra la gestión porteña ni bonaerense.
Tan diverso fue el reclamo de los caceroleros que hasta parodiaron la confiscación de la Fragata Libertad con un “tren de la alegría” caracterizado como barco. Mientras el vehículo avanzaba a paso de hombre, otros manifestantes gritaban: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Muchos de los “militantes del 8N” decidieron estampar el lema del cántico en su remera.

Eran cerca de las 22 cuando parte de los manifestantes comenzó a retirarse. No obstante, cual desfile, otros nuevos caceroleros ingresaban a la Plaza de Mayo por Diagonal Norte. El público se renovaba a cada momento, por lo que el cálculo de los presentes se torna dificultoso. Lo cierto es que una de las tantas “Argentinas” decidió marchar para expresar su bronca.

Un párrafo aparte merece la mayor canallada de la noche. Sucedió a pocos metros del Cabildo, donde estaba ubicado el móvil de C5N y el cronista Néstor Dib realizaba su trabajo. Mientras el periodista hablaba a cámara fue agredido por la espalda por un manifestante de la marcha “por la democracia”. El agresor fue inmediatamente detenido.

Adrián Murano