Los gobernantes que estuvieron antes (la dictadura, Alfonsín, Menem, De la Rua...) nos dejaron una deuda monstruosa. Los que gobiernan ahora (kirchnerismo) hicieron una reestructuración de la deuda, dijeron: "Miren muchachos no les podemos pagar el 100 % que les debemos, vamos a pagarles mucho menos". Y así fue, el 90 % de los acreedores aceptó la propuesta argentina. Sólo un pequeño porcentaje de especuladores compró los títulos que valían centavos y fueron a los tribunales norteamericanos a reclamar el valor nominal: el 100% de lo que dicen los papelitos. Y un juez dijo: tienen razón los buitres: deben cobrar todo lo que se les debe. ¿Se les debe? Si compraron a 15 y quieren cobrar 1.600... y sin trabajar. ¿se entiende?
Ahora el gobierno trata de arreglar las cosas pero un juez de Nueva York pateó el tablero: Thomas Griesa...
Analiza Horacio Verbitsky:
Si nada cambia de hoy hasta el miércoles 30, el sistema financiero global, del que las calificadoras, los fondos buitre y los jueces de Wall Street son parte central, dirá que la Argentina no ha cumplido y actuará en consecuencia. ¿Con qué consecuencia? La visión predominante que los hombres de negocios especializados en la venta de información económica transmiten en portales, diarios, radios, revistas y canales de televisión asocia el default con la catástrofe de fin de siglo, una imaginería para cuya creación Paul Singer realizó todos los esfuerzos concebibles e inconcebibles. El gobierno responde que no pasará nada y con él coinciden incluso otros tenedores de bonos argentinos, tanto originales como reestructurados. Aunque no parece que pueda llegarse a alguna conciliación en las próximas 72 horas, la cotización de esos bonos no se derrumbó, una constatación adicional de que es inadecuado el uso del vocablo default para lo que se dirime en estos días.
En realidad, la caída brutal de actividad e ingresos populares no fue efecto sino causa del default de fin de siglo, al cabo de cuatro años de depresión iniciados en 1998. La desaceleración actual lleva pocos meses y no puede compararse con aquel momento. La informalidad sigue siendo alta, pero el desempleo es bajo; los bancos siguen mostrando balances positivos pese a los préstamos orientados a Pymes que el Banco Central les obliga a otorgar a tasas reducidas. No obstante la baja en el precio de la soja, la tendencia recesiva mejorará el saldo comercial, que el año pasado tuvo una caída pronunciada. Se reducirá la importación de productos sofisticados para el consumo de las clases medias, lo cual se parece más a una solución que a un problema. La calificación de la Argentina por el PNUD como país de muy alto índice de desarrollo humano difiere de la degradación de todos los indicadores que se vivía a fin de siglo, luego de 25 años de predominio neoliberal. Las reservas rozan los 30.000 millones de dólares, a los que debe sumarse el convenio de intercambio con el Banco Central de China, por otros 11.000 millones. Esto podría equilibrar las presiones devaluatorias y nuevas medidas de protección del abastecimiento obstruirían una disparada inflacionaria.
El acceso a los mercados voluntarios de capitales está ocluido hace muchos años, lo cual no fue óbice para el crecimiento. Su retroceso en el último año obedece a otras razones, en las que el gobierno está trabajando. La financiación para inversiones privadas será un poco más difícil y onerosa para algunos, pero no para todos. El principal efecto será un incremento en el costo de los seguros para el comercio exterior. Nada agradable, pero tampoco el abismo que vaticinan quienes precisan de él para imponer nuevas condiciones al país y a sus habitantes. A diferencia de las políticas restrictivas del menemismo y de la Alianza, CFK pregona la inyección de más recursos para recuperar el consumo interno, sin temor a las siete plagas con que intentan condicionarla. La primera reacción del ministro de Economía Axel Kicillof cuando la Corte Suprema estadounidense dejó en firme el fallo con la forzada interpretación de la cláusula pari passu fue anunciar la apertura de un nuevo canje, bajo la ley argentina. El juez Griesa replicó prohibiendo a los agentes financieros cualquier paso en esa dirección. Pero esa orden perderá sentido la semana próxima.
En ese momento será posible convocar al nuevo canje, algo que con toda probabilidad será aprovechado por quienes reestructuraron sus tenencias en 2005 y 2010, porque les permitirá volver a cobrar eludiendo el escollo judicial con el que Griesa intentó someter a la Argentina. Ya sin esa vulnerabilidad, si el 85 por ciento de los hold-in aceptara la oferta, la cláusula de acción colectiva que ahora se incluye en toda reestructuración forzaría la aceptación del resto. Así, el arma que hoy apunta al corazón de la Argentina se vería como una inofensiva pistola de juguete. Recién entonces el total de los hold-out (7500 millones de dólares y no sólo los 700 del fondo Elliot) apreciarían la conveniencia de aceptar la negociación justa, equitativa y legal que la Argentina les sigue ofreciendo, salvo que prefieran perder veinte años persiguiendo fragatas, aviones y centrales nucleares fantasma. El reestablecimiento de un mercado local argentino (como ya ocurrió en México, Colombia o Perú) es una posibilidad muy cierta. La velocidad a la que se colocaron los bonos para el acuerdo con Repsol es otro indicio insoslayable.
Ellos lo dicen
La autoridad de Griesa es reverenciada por los mismos políticos y medios argentinos que con razón desmenuzan cada acto procesal de los jueces porteños Norberto Oyarbide o Rodolfo Canicoba Corral. Otro tanto ocurre con la gran mayoría de los políticos de la oposición. Salvo Ricardo Alfonsín y Roberto Lavagna, recomiendan pagar lo que el juez exige sin medir las consecuencias o negociar cualquier solución de apuro que impida un nuevo default. Es decir, beber de un trago la poción mágica que el país ya probó con el megacanje y el blindaje de 2001. Tampoco cuestionan el desempeño errático de Griesa, que en vez de actuar como un juez de quiebra que procura soluciones aceptables para todos los interesados (como una y otra vez postuló la Argentina) desordenó el escenario y terminó sumido en un mar de dudas e indefiniciones.
El record local corresponde a la diputada del Frente Amplio UNEN, Margarita Stolbizer, para quien lo más importante es advertir que el gobierno nacional intenta “malvinizar la situación, instalar una nueva épica y engañar a la gente”. Con una sinceridad que debe agradecerse agregó que “ni el endeudamiento es siempre malo, ni el desendeudamiento es siempre bueno”. Luego de esa confesión sobre aquello que se intenta imponer una vez más a la Argentina, Stolbizer lamentó que “la actitud oficial” afectara “la credibilidad y previsibilidad” del país (como tomador pasivo de propuestas ajenas) y pidió una consulta con las demás fuerzas políticas. Su discurso está emparentado con el de Héctor Méndez. Mientras su salud desmejora a ojos vista, el presidente de la Unión Industrial reclama un “pacto social” para que toda la responsabilidad no recaiga sobre “un jovencito y una señora”, como subestimó al ministro de Economía y a la presidente.
Los mismos dirigentes políticos y económicos que recriminan al gobierno una presunta falta de respeto por el juez compiten por la expresión más despectiva hacia quienes están lidiando hoy con las consecuencias de una deuda que contrajeron otros. Su incongruencia no tiene límites: al mismo tiempo pueden pedir que el gobierno resigne ingresos (disminuyendo o suprimiendo retenciones, como explicaron Massa, Macri, Cobos y Sanz nada menos que en la Sociedad Rural, y excluyendo del impuesto a los ingresos de las personas a los sueldos más altos) y aumente gastos (pagando lo que exigen los fondos buitre y afrontando el riesgo de nuevas exigencias por parte del resto de los acreedores).
Sin duda los sucesivos gobiernos kirchneristas han cometido errores en su política económica, que hoy lucha con la temida estanflación, y en el manejo del tiempo en la relación con los acreedores de la deuda soberana. Aún así, la distancia que media entre su liderazgo y las conducciones políticas que se anotan para la sucesión es abismal. Por el desconcierto que les provoca la firmeza con que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández han enfrentado estos desafíos, oscilan entre interpretaciones excluyentes, al estilo de las que caricaturizan Rudy y Daniel Paz en su serie del Señorón de Garcap: un día pueden denunciar indignados que el depósito de la cuota del crédito pendiente en el BONY es parte de un acuerdo secreto con los holdouts, para que se cobren con el embargo de ese dinero, y al siguiente fustigar la presunta irresponsabilidad oficial que “marcha al default por una cartera Louis Vuitton” (sic, Elisa Carrió dixit). Cristina respondió que “no me van a hacer firmar cualquier cosa amenazándome con que el mundo se viene abajo, porque eso yo también lo viví como diputada, cuando nos decían que con el megacanje y el blindaje nos iban a llover los dólares. ¡Qué dólares, nos llovieron piedras, sapos y culebras!”. Agregó que la Argentina no entraría en default y que las calificadoras, los bancos de inversión, los gurúes, los académicos “van a tener que encontrar un nuevo término que refleje que un deudor pagó y alguien bloqueó y no deja llegar ese dinero que es de terceros”.
La confusión
La intención de provocar en forma artificial algo que pueda asimilarse con una nueva moratoria quedó muy clara en las palabras del facilitador designado por Griesa, Daniel Pollack, para quien “el tiempo para que la Argentina evite el default es corto”. No todos comparten esa estrategia en Nueva York. El diario New York Times se refirió esta semana al “confuso caso de los bonos argentinos”. Sin disimular su escaso aprecio por el juez, dijo que Griesa “no supo tomar en cuenta la complejidad de la situación. La audiencia de esta semana dejó en claro que no terminó de entender las transacciones con bonos sobre las que lleva años tomando decisiones”. Recién luego de largos cabildeos con los abogados de las distintas partes, Griesa pareció desentrañar las consecuencias de haber prohibido los pagos a los tenedores de bonos reestructurados con quita. En el camino hacia ese descubrimiento mostró su desconocimiento sobre los hechos más elementales de la causa, como las distintas jurisdicciones y monedas de los bonos para cuyo pago la Argentina hizo el depósito en el agente fiduciario habitual y los problemas que su decisión les genera a los bancos involucrados, en Tokio, Buenos Aires, Nueva York, Londres, Luxemburgo y Bruselas. Griesa se sorprendió cuando le explicaron que los bonos bajo ley argentina cuyo pago había autorizado hacer al Citibank, integraban los canjes de 2005 y 2010, comprendían la cuarta parte del total, estaban emitidos en dólares y sus tenedores repartidos por todo el mundo. Cuando terminó de escuchar la explicación de un abogado dijo que “ahora me parece que si esos bonos son parte del canje, la prohibición de pago ordenada debería incluirlos junto con los otros bonos reestructurados”. Comenta el columnista de finanzas del New York Times Floyd Norris: “Como teatro no está mal, pero es difícil que inspire confianza en el sistema legal estadounidense”. Según el diario estos problemas fueron señalados en los distintos escritos y argumentos presentados tanto a Griesa como a la Cámara de Apelaciones pero no parecen haber sido tenidos en cuenta. “Es asombroso que esto se manifieste recién después de atravesar un recorrido legal tan extenso en la jurisdicción financiera más sofisticada de los Estados Unidos.” Parecería que allí consideran más incompetente al juez que a los representantes argentinos.
¿Un nuevo canje?
Griesa terminó admitiendo que deberá repensar todo de nuevo y según lo que resuelva, el Citibank podría verse “en la disyuntiva de desafiar al juez o desconocer la ley en la Argentina, lo que podría acarrearle consecuencias legales”, sigue el artículo del New York Times. Si en cambio Griesa confirmara la autorización de pago al Citibank, “la Argentina podría explorar una vía para ofrecer un nuevo canje, con bonos emitidos bajo la ley argentina para todos los inversores que aceptaran renunciar a sus bonos emitidos bajo la ley estadounidense. Es probable que el juez trataría de bloquear tal canje”. El artículo concluye describiendo los dilemas del Bank of New York Mellon. “Los fondos de cobertura quieren que el juez le ordene al banco la devolución del dinero a la Argentina. Pero el BONY, temeroso de juicios de los bonistas, quiere conservar el dinero hasta que todo se haya solucionado. A medida que se acerca el miércoles, el juez tiene mucho en que pensar. Habría sido mejor si lo hubiera hecho antes de firmar su resolución o si la Cámara de Apelaciones o la Corte Suprema lo hubieran forzado a hacerlo.” Es triste que para conocer esta evaluación objetiva de las disposiciones adoptadas por el gobierno argentino, sea necesario leer un diario de Nueva York.
